Los Ayuntamientos, con carácter general, ostentan en la actualidad las competencias en materia de disciplina urbanística y medioambiental, debiendo velar porque en su término municipal se respeten los límites de contaminación acústica legalmente establecidos para las diferentes actividades, que normalmente se establecen en Ordenanzas Municipales.
Si el Ayuntamiento no actúa, habrá de verificarse que sí es competente para tomar medidas frente al concreto problema ante el que nos encontramos y, si lo es, habrá de acudirse a la vía judicial para que sea el Juzgado el que obligue al Ayuntamiento a cumplir con sus potestades legales o ponga remedio a la problemática existente; procedimiento, en el que podrá instarse la adopción de las medidas cautelares que resulten adecuadas para garantizar, provisionalmente, el respecto de los derechos fundamentales que pudieren estar siendo vulnerados.